En Poza Rica, por ejemplo, los índices de secuestros han aumentado exponencialmente, mientras que en Tuxpan la delincuencia desafía directamente a las autoridades. Por su parte, en Coatzacoalcos, la inseguridad afecta a toda la región. Si antes se creía que la delincuencia usaba “halcones” para vigilar y prevenir operativos de las autoridades, ahora se ha comprobado que han modernizado sus métodos, empleando tecnología avanzada para vigilar a alcaldes, policías y quizás a más personas o instituciones.
Estas cámaras clandestinas, a diferencia de las de Yunes Linares, estaban en pleno funcionamiento y cumpliendo su propósito. Sin embargo, la pregunta crucial es: ¿Quién nos vigila en Veracruz? ¿El descubrimiento de estas cámaras representa solo una parte de los recursos y el poder que la delincuencia utiliza en los municipios?
Otro cuestionamiento que surge es cómo la delincuencia logró instalar estas cámaras en puntos estratégicos de las ciudades sin que las autoridades lo detectaran o lo impidieran. ¿Hay complicidad o complacencia por parte de las autoridades? Sea cual sea la respuesta, se trata de un tema extremadamente delicado que la Fiscalía debe investigar a profundidad.
El aseguramiento de estas cámaras en Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos debe llevar a las autoridades a revisar exhaustivamente todos los municipios de Veracruz para identificar y desmantelar cualquier otro sistema de videovigilancia clandestina. Convertir esto en una prioridad es imprescindible para combatir la creciente inseguridad en el estado. |
