El activismo y poder de convocatoria que ha mostrado la iglesia católica para organizar las marchas “en defensa de la familia” no deberían sorprender. Se podría decir que desde la Reforma, la iglesia no se ha resignado a la pérdida de poder. Para socavar las leyes emitidas para controlarla, especialmente el artículo 130 constitucional, se refugió en el poder que tiene sobre las conciencias. Así, al igual que un partido político con numerosos militantes, sin la molestia de estar obligado a colocarse bajo el escrutinio ciudadano, ha ejercido ese poder. El episodio de la Guerra Cristera le ofreció la garantía de que gobernar las conciencias y la fe le daba seguidores dispuestos a inmolarse por sus creencias.

            Sin ir muy lejos, la modificación al artículo 124 de la Constitución que se llevó a cabo en el año 2013 mostró el músculo religioso, que pudo doblegar no sólo a la Cámara de Diputados sino a los congresos locales requeridos para hacer la modificación. La reforma del artículo 40, que refrendó el carácter laico del Estado mexicano, no fue sino una magra compensación, porque no está reglamentado. No se puede olvidar que si bien el contexto de un gobierno federal conservador fue propicio para la modificación constitucional, el acuerdo político con la cúpula religiosa no tuvo un origen panista sino priista y mexiquense.

            Con esos antecedentes, no resulta extraño que la iglesia le saque la lengua al gobierno y, en especial, al presidente, por promover una ley que siendo contraria a sus principios se convierte casi en una afrenta particular en contra de la iglesia católica.

            Pero no sólo saca la lengua, invita a sus amigos y se envalentona al ver que son muchos. Si para reunirlos es necesario utilizar los mismos mecanismos del corporativismo político, no importa, no duda en hacerlo aunque descaradamente lo niegue. Todo sea en nombre de la fe, la moral y las buenas costumbres, aunque después se dé golpes de pecho por denostar a una parte de su feligresía.

            Sus foros no son sólo los púlpitos, que son muchos, sino que extiende su capacidad organizativa haciendo uso de las instituciones educativas católicas. Un caso cercano del que tuve noticia, aunque puedo suponer que lo mismo ocurrió en muchos otros centros escolares, fue la escuela Fray Pedro de Gante, en Xalapa, la cual convocó a los padres de familia para pedirles una firma de apoyo a la marcha en defensa de la familia a la que debían acudir, pero además cada padre de familia debía llevar a cuarenta personas más. Varios padres de familia rechazaron la petición, pues no había lógica en el hecho de tener que pagar colegiaturas y además servir a la escuela, en una actividad alejada de lo estrictamente instruccional, para organizar el acarreo moral.

            Sin embargo, seguramente en el conjunto de escuelas católicas, la cooperación que logra la iglesia es digna de tomarse en cuenta. Así, el brazo educativo se convierte en un aliado muy importante para mostrarle al gobierno su fuerza, su capacidad para mover a cientos de miles de almas. La Confederación Nacional de Escuelas Particulares, afiliada a la Oficina Internacional de Educación Católica, con sede en Bruselas, afirma reunir a cinco mil 300 escuelas en México.

            La postura de rechazo de la iglesia católica a la legalización de los matrimonios igualitarios va más allá de una cuestión moral. No sólo se ha convertido en un factor de polarización social que alienta las reacciones de odio contra la comunidad lésbico-gay y sus variantes, sino que intenta mostrarse como juez legitimado de posturas claramente discriminadoras al sostener que no existe estudio que fundamente la eliminación de la homosexualidad como enfermedad mental como afirma la ONU. Y, lo más importante, se ha erigido como un poder que puede confrontar al Estado mexicano y decidir sobre qué y cómo se legisla. Esto lo ha hecho ya con la promoción de leyes antiaborto y ahora lo hace para impedir una ley específica.

            Ya no se trata de que los matrimonios igualitarios estén amparados por la Suprema Corte de Justicia, sino de ver si el gobierno cederá una vez más a este poder fáctico o decidirá hacer valer la laicidad del Estado mexicano y su atribución de resguardar los derechos de todos los ciudadanos, con el reconocimiento constitucional de los matrimonios igualitarios. Las declaraciones del Secretario de Gobernación son un barrunto de sumisión a la iglesia, pero los derechos de los ciudadanos no pueden estar sujetos al cálculo electoral, si es un factor que está detrás del manejo gubernamental. La paz y la concordia tampoco se lograrán escamoteando derechos por presión de grupos.

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