La reacción del gobierno federal ha sido contundente. Si Miguel Ángel Yunes Linares no la entiende, o decide ignorarla, podría pagar muy pronto las consecuencias.
Para muchos fue sorpresivo que la PGR saliera el pasado domingo a informar a la prensa los detalles de la captura de Javier Duarte, apenas unas horas después de que el gobernador de Veracruz presumió que ese logro policiaco había tenido lugar gracias a la información que él –y solo él- había aportado.
Las autoridades federales fueron muy claras en ese tema: La detención del exgobernador de Veracruz se logró gracias a la labor de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal, la que lo ubicó en Guatemala como resultado de la información recabada tras la detención del piloto aviador Mario Medina Garzón (primo de la señora Karime Macías de Duarte) el 10 de noviembre de 2016 en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, con dos pasaportes falsos.
Pero el exabrupto entre el gobernador de Veracruz y las autoridades federales no quedó ahí. Desde las oficinas de Bucareli fueron activados los dos senadores priistas de esta entidad, José Yunes y Héctor Yunes, para que pusieran especial énfasis en el logro de las corporaciones federales y descalificaran los intentos del mandatario estatal por arrogarse un logro del que fue totalmente ajeno.
Aún más. Plumas relevantes de medios nacionales se han dado a la tarea de exhibir los afanes protagónicos de Yunes Linares.
El periódico Reforma, que se ha destacado por abrirle espacios a Yunes Linares en su guerra contra Fidel Herrera y Javier Duarte, publicó este martes un comentario que resulta demoledor, en su espacio Templo Mayor:
“Ahora que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dice que ya cumplió su promesa de campaña de meter a su antecesor Javier Duarte a la cárcel, hay quienes se preguntan si ya va a meter el acelerador en su gobierno. Porque los primeros cuatro meses y medio de su administración se la ha pasado cazando duartistas y peleándose con Andrés Manuel López Obrador pero poco o nada se ha visto de acciones concretas de su administración en otros frentes. Y, no es por apurarlo, pero la minigubernatura del panista sólo durará 24 meses y, para muchos veracruzanos como que ya va siendo hora de que se ponga a trabajar en temas apremiantes como la inseguridad y la pobreza, por ejemplo”.
No sólo fue este medio. En el periódico El Universal, el analista Salvador García Soto remata su artículo así: “Sigue el enojo en el gobierno federal por la ‘burda maniobra política’ de Miguel Ángel Yunes al colgarse la medalla de una detención en la que no participó. De hecho, en la PGR se quejan de que Yunes politice el tema, cuando ni siquiera ha terminado de comprobar los 420 millones de pesos que le entregó públicamente el procurador Raúl Cervantes entre noviembre de 2016 y enero de 2017. A la fecha el gobernador panista sólo ha podido comprobar 350 millones y del resto no ha entregado comprobación. Así que desde el Paseo de la Reforma le mandan un mensaje al grillo de Xalapa: que en vez de andar politizando y colgándose de investigaciones federales mejor atienda la inseguridad que sigue creciendo en su estado. ¡Zas!”.
Y es que la politización de las denuncias en contra de Javier Duarte, lo mismo que las que el propio Yunes Linares ha promovido contra Fidel Herrera, formó parte medular en su campaña electoral y su promesa de “meterlos a la cárcel” tuvo mucho que ver en su victoria.
Una prueba más de que tanto Miguel Ángel Yunes, como su nuevo partido (el PAN) han decidido sacar raja política de este caso, es la aparición del dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, y de la candidata al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, en el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, propiedad que le fue confiscada a Javier Duarte, para señalarlo como “símbolo de la corrupción” de los gobiernos priistas.
Y como aquí mismo se apuntó, en el afán de aprovechar el “boom” provocado por la captura de Javier Duarte, legisladores panistas en San Lázaro demandaron que se acelerara el proceso para decidir si se sometía a votación del Pleno del Congreso federal el desafuero del diputado priista por Cosamaloapan, Antonio Tarek Abdalá, señalado por la Fiscalía de Yunes Linares de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.
La respuesta del Presidente de la Comisión Instructora, Ricardo Ramírez Nieto, fue clara: El 30 de abril cerrará el actual periodo de sesiones sin una definición, pues hasta finales de mayo se habrá de emitir un dictamen, a partir de las pruebas que entregaron tanto la Fiscalía como la defensa del legislador.
En caso de que la Comisión plantee quitarle el fuero a Tarek Abdalá, la ratificación en el Pleno tendría que ser hasta junio, después de las elecciones, en un periodo extraordinario.
Los plazos de entrega de pruebas en contra y a favor están cerrados, por lo que ya no se puede agregar nada, ni los señalamientos de Mauricio Audirac, ni lo que pudiera aportar Javier Duarte.
“La decisión del Congreso federal en el caso de Tarek Abdalá es fundamental para saber el giro que tomará este caso”, anticipó un diputado federal veracruzano.
Y mientras eso sucede, habría que analizar el planteamiento de Luis Carlos Ugalde, aquel que fuera Presidente del Instituto Federal Electoral:
“Castigar a Duarte ejemplarmente significaría no sólo sentenciarlo, sino castigar a toda la cadena de omisos que con su silencio permitieron uno de los mayores abusos de la vida pública mexicana”.
Y en esa lista estarían muchos anotados.
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Epílogo.
Este caso no es del fuero federal. Corresponde a la policía del estado evitar que sucedan. La mañana de este martes una mujer fue apuñalada por desconocidos que la asaltaron dentro de un café internet que ella atendía, en el puerto de Veracruz. Además de robarle sus pertenencias, la atacaron con una navaja. Estos sujetos (cuatro, según los testimonios) aprovecharon la fuerte lluvia y con una piedra rompieron un aparador de las oficinas de Compartamos, ubicado en la avenida Arista entre Madero y Cinco de Mayo, de donde se robaron una pantalla; metros más adelante atacaron la zapatería Fito, y remataron en el local de Internet, donde amagaron a la encargada, la encerraron en el baño y le provocaron dos heridas en el abdomen. *** Las fuerzas federales anunciaron la captura de Juan Manuel Veloz Ortiz, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien operaba en la zona de Boca del Río. Este sujeto fue intervenido tras cumplimentar una orden de cateo en el Fraccionamiento Reforma. Hasta donde se sabe, Juan Manuel Veloz operaba una red conformada por policías municipales y “halcones”, quienes lo alertaban de la movilidad de las fuerzas de seguridad. El detenido se dedicaba a extorsionar a vendedores ambulantes y locatarios en los mercados Hidalgo y 20 de Noviembre. Se presume que fue quien ordenó el secuestro del director de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Boca del Río, el general Martín Cordero Luqueño, ese “levantón” que “nunca ocurrió”. Este mismo personaje habría sido detenido por elementos de Seguridad Física de Pemex, en noviembre del 2008, cerca de la comunidad de Barra de Palmas, municipio de Nautla, cuando en compañía de otros tres sujetos extraían hidrocarburo de una toma clandestina y lo bombeaban a un tanque cisterna.
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