José Mujica
Pronto concluirán los periodos de los 212 ayuntamientos de Veracruz. En la mayoría de los casos con historias negras detrás de gestiones grises, señaladas por desvíos presupuestales, incompetencia administrativa, opacidad y sobretodo la ambición de personajes que asumieron su espacio de representación popular y administrativa con la aspiración de garantizarse ganancias a costa de las acciones públicas.
La cercanía de la relación de los ciudadanos con su gobierno local propicia un mayor desencanto pues es evidente la actitud lejana, soberbia, prepotente o ignorante de los servidores públicos municipales que solo se ocupan de los asuntos que les dejarán beneficios extralegales, que están pensando en la forma de robar más, no en la forma de servir mejor, de dar mayores resultados a los ciudadanos, de atender los problemas que los aquejan.
Los datos de daño patrimonial aún están por conocerse con certeza en su dimensión; la diferencia entre los dichos y los hechos respecto de sus quehaceres públicos, hoy por hoy no soporta el escrutinio social. En muchísimos municipios los cabildos y sus funcionarios han solapado y generado ineficiencia y manejos discrecionales que han pulverizado la oportunidad de encontrar salidas a las demandas de sectores sociales que buscan en sus gobiernos locales la solución de problemas inmediatos, de la vida cotidiana.
Los magros resultados de la mayoría de los ayuntamientos veracruzanos acentúan el hartazgo y la desconfianza social hacia el trabajo y compromiso de ediles y funcionarios que poco realizan las responsabilidades que tienen por ley; los atrasos palpables desde los integrantes de las comisiones municipales son en la mayoría de los casos, directamente proporcionales al crecimiento de sus fortunas personales, con la utilización de los recursos públicos de forma ventajosa o francamente ilegal.
Casi terminan sus gestiones con más pena que gloria, engrosando las filas de los servidores públicos que usufructuaron poder y dinero no para cumplir su cometido sino para valerse de él en su beneficio personal. Están por irse y no les preocupan las consecuencias de sus actos irregulares. Cínicamente asumen que la impunidad imperante los protege.
Ya se van y aspiramos a que exista la memoria social y la supervisión legal para que los alcance el reconocimiento o la sanción que se merezcan, rompiendo con el paradigma de que la opacidad y la corrupción son prácticas comunes y permitidas, asumiendo la parte de la responsabilidad que nos toca con nuestra lejanía y nulo compromiso ciudadano, ampliando su margen de maniobra hasta el punto de abandonar el objetivo de su existencia. Rescatar, cambiar los derroteros que hasta ahora han seguido los municipios, es una urgencia del mayor nivel.
DE LA BITÁCORA DE LA TÍA QUETA
¿Será que veremos el final del “pinche poder”? |
