De todos los secretarios de despacho que a partir de este viernes 17 habrán de comparecer ante el Congreso local para la glosa del primer informe del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, uno de los que tendrá la faena más difícil será el de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazzarini, a quien ya hasta el coordinador de los diputados del PAN, Sergio Hernández, le anticipó que le pedirán que les explique “con peras y manzanas” en qué consiste la reestructuración de la deuda pública, un asunto de gran interés para los veracruzanos por su impacto en las desangradas finanzas estatales y que se ha tornado polémico por la forma poco transparente y hasta contradictoria como la ha venido manejando el propio jefe del Poder Ejecutivo.

Y es que el pasado miércoles 8, por ejemplo, al informar sobre su refinanciamiento, Yunes se ufanó de haber bajado las tasas de interés de 10.7 a 8.7 por ciento, resaltando que “dejaremos de pagar una deuda injusta que se contrató por razones de corrupción a tasas altas de interés para beneficiar a algunos cuantos”.

Según detalló, “el promedio ponderado de tasa efectiva es de 8.71 por ciento y el plazo ponderable al que hemos refinanciado la deuda es de 23 años”.

Sin embargo, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hasta el 31 de marzo de este año la tasa de interés promedio ponderada por Entidad Federativa era de 7.5 por ciento. Y Veracruz figuraba en ese entonces con una tasa de interés nominal anual de 8.3 por ciento.

Hasta el 30 de junio pasado, el Registro Público Único de la SHCP reflejaba 22 créditos del Gobierno del Estado de Veracruz, aparte de los contratados bajo el esquema de bursatilización. Pero la información referida no contemplaba la tasa de interés contratada con excepción de dos créditos, uno con Banorte y otro con Interacciones. 

De los siete créditos registrados con Banobras se observaba que en cuatro de ellos no se reportaba el saldo de los mismos al 30 de junio; esto se debe –nos explicó un experto en finanzas públicas– a que fueron otorgados bajo el esquema Bono cupón cero, por lo que únicamente se pagan intereses y el capital se liquida al final del plazo máximo del crédito, al realizar la redención de los Bonos.

Pero al revisar la información que publica la SHCP contra la divulgada por el gobierno de Yunes, se observa que la tasa de interés contratada es prácticamente la misma que según ofertaron la banca interesada en participar en la reestructuración de la deuda de Veracruz, por lo que solamente se obtiene un beneficio real en los montos destinados al pago de capital, ya que los mismos disminuyen por el simple efecto de amortizar los créditos en plazos más largos.

A ello habría que considerar también los costos del proceso de reestructuración que se estiman en aproximadamente 900 millones de pesos, así como las comisiones que cobrarán cada uno de los bancos, tanto por cancelación de los créditos vigentes como por la apertura de los nuevos a contratar.

En resumen, quedan en duda los beneficios logrados con la reestructura, cuando bien pudieron explorarse otras opciones, como por ejemplo disminuir el gasto corriente, hacer más eficiente la recaudación de impuestos locales y utilizar de manera eficaz y transparente los recursos que se captan por concepto del Impuesto a la Nómina.

Hasta ahora, los únicos beneficiados son los consultores financieros que negociaron la reestructuración. ¿Moreno Chazzarini informará a los diputados quiénes son?, pues el diputado federal y aspirante de Morena a la gubernatura, Cuitláhuac García Jiménez, declaró el sábado anterior que en este negociazo estaban involucrados familiares del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pero según versiones de funcionarios de la Sefiplan que pidieron el anonimato, no tienen parentesco con el actual canciller sino con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, muy allegado al gobernador Yunes Linares desde que ambos fueron diputados federales en 2003 y estaban agrupados con la maestra Elba Esther Gordillo, por ese entonces dirigente nacional del SNTE y secretaria general del CEN del PRI. 

Pero, además, el artículo 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios obliga al secretario de Finanzas y a su jefe, el gobernador Yunes, a difundir qué instituciones financieras resultaron ganadoras del proceso competitivo para participar en la reestructura –lo que debió darse a conocer en un plazo no mayor a dos días hábiles posteriores al tiempo establecido de conformidad con la convocatoria realizada, a través de medios públicos, incluyendo la página oficial de internet del propio Gobierno del Estado de Veracruz– y a publicar el documento en el que conste la comparación de las propuestas presentadas. 

Así mismo, el Gobierno del Estado debe informar si la reestructura quedó enmarcada o no como Deuda Estatal Garantizada, es decir, que si cuenta o no con la Garantía del Gobierno Federal otorgada por conducto de la SHCP de conformidad a lo establecido en el capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera, ya que de ser así conlleva una serie de consideraciones establecidas y que deben ser informados.

Y es que, además, el Acuerdo 79/2016 por el que se emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos –el cual fue expedido por el actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre del año pasado– reitera que “la Ley (de Disciplina Financiera) establece que la contratación de Financiamientos y Obligaciones deberá representar el costo financiero más bajo, a través de la celebración de procesos competitivos y comparación de ofertas mediante una metodología que permita evaluar Financiamientos y Obligaciones con distintas características respecto al monto, plazo, perfil de amortización, condiciones de disposición, oportunidad de entrega de los recursos y, en su caso, la especificación del recurso a otorgar como Fuente de pago del Financiamiento, Obligación y Garantía a contratar”; que conforme al artículo 26 de la citada Ley, la SHCP “deberá emitir los Lineamientos para establecer un comparativo de las ofertas de financiamiento, que incluya la tasa de interés y todos los costos relacionados al Financiamiento, a fin de que el secretario de finanzas estatal, el tesorero municipal o su equivalente de cada Ente Público confirme que los Financiamientos y Obligaciones contratados se celebraron bajo las mejores condiciones de mercado y, elabore y publique el documento que incluya el análisis comparativo de las propuestas”; que “de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley, en materia de Refinanciamientos y Reestructuras, los Estados y Municipios deberán cumplir con los requisitos en cuanto a que exista una mejora en la tasa de interés en los términos de los referidos Lineamientos, a efecto de no requerir la autorización específica del Congreso Local”, y que para acreditar ante la SHCP “la realización de los procesos competitivos, así como la contratación de los Financiamientos u Obligaciones bajo las mejores condiciones de mercado conforme a lo estipulado dentro del artículo 26 de la Ley, el Reglamento del Registro Público Único prevé requisitos y requerimientos específicos para cumplir dicha acreditación, otorgando como resultado de lo anterior el registro del Financiamiento u Obligación”.

¿Estarán cumpliendo con todas estas condiciones?