El propio Presidente Enrique Peña Nieto, basado en el compromiso del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, prometió regresar al estado de Veracruz en el mes de septiembre, para inaugurar la segunda etapa de la autopista Cardel- Poza Rica.
El año pasado, todavía en su calidad de secretario de Infraestructura y Obras Públicas, el hoy senador Julen Rementería también traía esa fecha, pues aseguraba que para septiembre del 2018 la obra quedaría concluida.
Es, en efecto, una acción del gobierno federal que concesionó la obra a una empresa privada. La única responsabilidad del gobierno de Veracruz, como queda establecido en todos estos casos, es que se encargue de la liberación de derechos de vía, esto es, que adquiera los terrenos afectables por la obra y los ceda al gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Aunque pareciera una tarea sencilla, la liberación de derechos de vía suele ser tormentosa, pues requiere de un equipo de negociadores que se den a la tarea de convencer a los propietarios de ceder un fragmento de su propiedad a “precios razonables”. Una autopista de las dimensiones de la Cardel-Poza Rica pasa por terrenos ejidales y por pequeñas propiedades.
Sabedores, los propietarios de la necesidad que tiene el gobierno de sus terrenos, y de la urgencia por conseguirlos, muchos de los propietarios juegan a la especulación en busca de sacar una mejor tajada.
Muchas veces lo consiguen, pero otras no, y es cuando el gobierno estatal debe recurrir a la Ley de Expropiación, alegar el “interés público” por esos predios e indemnizar a los propietarios bajo los criterios de una valuación comercial.
Este trámite, sin embargo, no siempre es tan sencillo. Los dueños de los predios cuentan con herramientas jurídicas para defender sus parcelas y los juicios suelen alargarse.
Este fin de semana el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares admitió que hay retraso en los avances de la autopista, y aceptó además que ese rezago ha sido responsabilidad de su gobierno, pues no ha logrado liberar todos los tramos de la obra.
“Hay un problema con un terreno que no ha podido ocuparse, hay un proceso de expropiación, va muy avanzada yo espero que se pueda terminar el tramo que falta de Laguna Verde a Nautla, y el tramo que falta de Naranjos-Ozuluama”.
Ya en octubre del año pasado el gobierno estatal se vio obligado a decretar la expropiación de fracciones de dos predios (“Boca Coyoles” y “Cuba”) los dos ubicados en la congregación Emilio Carranza, del municipio de Vega de Alatorre, ambos propiedad de María Mercedes Spinoso Aldana.
Este año, además, los habitantes de la congregación Paso Largo pararon la obra, pues aseguran que la construcción de un terraplén podría provocar la inundación de sus tierras.
El delegado de Gobernación, Alejandro Montano, y el secretario de Gobierno, Rogelio Franco, iniciaron el diálogo con los pobladoresl, pero no fue hasta que se acercó a ellos el gobernador electo, Cuitláhuac García, que los habitantes inconformes permitieron que los trabajos continuaran, con la condición de que se hiciera un análisis técnico de dicho terraplén para garantizar que su comunidad no se vea afectada.
La autopista Cardel-Poza Rica comprende una longitud de 129.82 kilómetros en dos tramos: el primero que va de Laguna Verde a Nautla con una extensión de 81.5 kilómetros y el segundo de Nautla a Totomoxtle de 48.32 kilómetros.
Al ritmo que van, difícilmente podrá ser inaugurada, totalmente concluida, por Enrique Peña Nieto.
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Epílogo
Ya se había anticipado en este espacio: La disputa de “la plaza” entre diversos grupos del crimen organizado, ha provocado que se dispare la violencia en Xalapa, y las autoridades estatales prefieren voltear hacia otro lado. Tratan de sugerir que la violencia está vinculada con los municipios gobernados por Morena. Lo cierto es que hay una criminal omisión por parte de las corporaciones estatales. *** Este fin de semana el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero afirmó que debe ser reforzada la presencia de las fuerzas federales en Xalapa. “Estos días nos reunimos tanto con autoridades federales como estatales que junto con nosotros tenemos la responsabilidad de la seguridad ciudadana y estamos tratando de construir una estrategia coordinada(…) Ellos presentaron su diagnóstico, de alguna manera en el transcurso de la última semana había disminuido la violencia en el municipio y es en los últimos días que volvió a incrementarse”, dijo.
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