El gobernador no tiene la autoridad, ni el orden jerárquico para definir cuál es un acreedor legítimo del gobierno estatal y cuál no. Eso significa que son las instancias jurisdiccionales las que deben definir si es válido o no, el reclamo de una deuda de la administración estatal.
Esa es la conclusión a la que llegó un juez federal que les concedió un amparo a los proveedores y contratistas del Gobierno del Estado, respecto al decreto emitido por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que les imponía la obligación de someterse a un procedimiento para validar la deuda que tiene el Estado con ellos.
La resolución del juez considera inconstitucional el decreto, ya que, aunque es facultad constitucional del Gobernador velar por el uso correcto de los recursos públicos, esa facultad no puede estar por encima de las garantías constitucionales de los gobernados (seguridad jurídica y debido proceso).
El juez federal considera que el decreto impone a los empresarios obligaciones adicionales a las que se pactaron en sus contratos.
Desde esta lógica, en caso de que el Gobierno del Estado tenga elementos para acreditar que existen adeudos irregulares o fuera de derecho, se debe remitir a las instancias jurisdiccionales, para que sea ahí donde se determine la responsabilidad de las partes.
El juzgador declara inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo, pues este lo convierte en juez y parte, al revisar y decidir los pagos a realizar.
El amparo, sin embargo, llega tarde. Con los recursos que le restanh al gobierno estatal se comerán los casi tres meses que le restan al actual gobierno, y será la próxima administración estatal la que retome cada caso.
Miguel Ángel Yunes Linares impulsó una movilización de empresarios, universitarios y alcaldes veracruzanos, en contra de Javier Duarte, por la falta de pago. Luego de dos años él tampoco cumplió con los acreedores.
Uno más de los engaños de este político obsesionado con el poder.
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Epílogo.
No lo pierda de vista. Esteban Ramírez, quien ocupará la jefatura de la Oficina del Gobernador, es originario de Las Choapas, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública; tiene una amplia trayectoria dentro de Morena (partido del que es fundador) y ha trabajado muy cerca de Cuitláhuac García. Participó en su campaña por la diputación federal en el 2015, lo acompañó en San Lázaro, estuvo con él en la campaña del 2016 y también en la del 2018. *** Una manera elegante de descalificar a la llamada “Alianza Veracruzana de Alcaldes”, fue la que utilizó el aún dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. El próximo coordinador estatal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador calificó de “positivo” que los alcaldes se unan y anunció que los presidentes Municipales de Morena harán su propia organización. “Es un derecho. Es bueno porque ayuda al fortalecimiento programático, ideológico y la gestión de recursos; tiene sus virtudes”, dijo. Descartó que se les vea como un bloque de choque o de confrontación contra el gobierno estatal. “Están en su derecho de organizarse y plantear lo que a su derecho convenga, de plantear lo que ellos consideren conveniente”. *** Perdido en la incertidumbre, sorprendido porque no prosperó el destape de Eduardo Ross, el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marcos Suárez Domínguez, calificó como “una imposición” el anuncio del gobernador electo de que Xóchitl Arbesú Lago será su secretaria de Turismo. ¡Claro que es una imposición! Salvo las excepciones que marca la Ley, el gobernador está en su derecho de imponer a su equipo de colaboradores. ¿Acaso otros gobernadores le han pedido su opinión?
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