Sí, así es.
La PGR no acusó o no pudo comprobarle a Duarte los delitos de robo (y vaya que robó), cohecho (y vaya que sobornó), abuso de autoridad (y vaya que se extralimitó) o corrupción (y vaya que se corrompió).
Tampoco lo acusó de desaparición forzada como lo han hecho cientos de familiares de desaparecidos. De hecho, en el mes de agosto la dependencia catafixió de manera poco ortodoxa la acusación de delincuencia organizada, que tiene una pena de 20 a 40 años de prisión, por la de asociación delictuosa cuya pena es de cinco a diez años.
En síntesis, a Javier lo acusaron de dos delitos pinchurrientos y ahí están las consecuencias.
Por eso insisto, la culpa no fue del juez sino de quienes integraron las carpetas de investigación. Ya desde ahí las cosas pintaron muy mal para más de ocho millones de veracruzanos que clamaban justicia.
De esos nueve años que le echaron, el reo ya cumplió uno y medio por lo que podría gestionar su libertad bajo caución. Pero sabedor de que la Fiscalía de Miguel Ángel Yunes tiene acusaciones penales en su contra, esperará a que su enemigo deje la gubernatura, se apacigüen un poco las aguas y pueda negociar en tres años su libertad por buena conducta.
Yunes dijo que la sentencia contra el bandido indigna y lastima la conciencia del pueblo de Veracruz, y tiene razón. Pero -insisto- el fallo no fue por error o mala leche del juez sino por ineptitud de los fiscales.
En su afán por hundirlo en lo más profundo de una mazmorra, sus acusadores actuaron con precipitación y sin seguir los protocolos del debido proceso. Esto se combinó con una excelente defensa que fue tirando una por una las acusaciones de la PGR, hasta dejarlas en dos endebles y hasta risibles denuncias que ocasionaron la magra sentencia.
¿Qué sigue?
El gobernador declaró que Duarte no saldrá de prisión “en años” y aunque eso es lo que desea todo Veracruz, pocos lo creen.
Tras cumplir su sentencia en el Reclusorio Norte, Javier responderá por los endebles cargos que le hacen en Veracruz… ¿y luego?
Lo justo sería que mediante los canales adecuados el gobierno de México solicite al de Guatemala su consentimiento para procesarlo por desaparición forzada.
Y tan justo sería que el Senado aprobó el punto de acuerdo suscrito por la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, en el que se pide a la PGR y a la SRE que solicite al gobierno de Guatemala que autorice a la Fiscalía General de Veracruz, para que ejecute la orden de aprehensión contra de Duarte por el delito de desaparición forzada.
Es muy difícil que un gobierno acepte este tipo de solicitudes, pero si por esas cosas que tiene la vida Guatemala dice “órale va”, a Javier se le quitará la sonrisa sardónica con la que regresó del juzgado a su celda la noche del miércoles. Y es que entonces sí se le aparecerá el diablo.
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