El exministro de la Suprema Corte de Justicia, don Sergio Valls Hernández, administrativista consumado de reconocida memoria (q.e.p.d.), en coautoría con don Carlos Matute González, nos legó una magnífica obra, denominada “Nuevo Derecho Administrativo”, cuya más reciente edición (5ª, diciembre de 2017) actualiza información sustantiva. Destaca en esta muy útil colaboración, el concepto de nueva administración pública que admite aspectos formales (jurídicos) y materiales (político-sociológicos) y que abandona las antiguas nociones predominantemente normativistas o, en el otro extremo, excesivamente realistas, para proponer un equilibrio que se nutre de teoría y praxis; animado, a su vez, por la incorporación de consideraciones diversas, dada la inclusión del debate y explicación del Sistema Nacional Anticorrupción que, por sí mismo, ya resulta una valiosa contribución.

La administración pública sería, así, un ente complejo y dinámico, integrado por normas, personas e instituciones, con propósitos de servicio público en pro de fines tanto generales como específicos, fundamentales para la convivencia de una colectividad de personas, mediante acciones racionales y coherentes de gobierno. Pero una “nueva administración pública” significa un esfuerzo por romper inercias burocráticas que vuelven retardatoria la acción de gobierno y de la autoridad administrativa; esto es, implica una “nueva gobernación” o “nueva gestión pública” orientada hacia un “bienestar social sostenible en el largo plazo”, donde la nueva forma de gobernar -o, si se quiere, de administrar- tiene que ver con la incorporación de valoraciones sociales sobre equidad y participación social, antes soslayadas, para entender la realización de los fines colectivos bajo principios de eficacia (cumplimiento de metas) y eficiencia (con ahorros de tiempo y de dinero).

Ya no se trata ahora de simples gobiernos de mando y control, que derivan en administraciones autoritarias, verticales o impositivas, por decir lo menos; sino de gobiernos de dirección y de coordinación que incorporan a la sociedad (instituciones civiles, organismos no gubernamentales, grupos de interés, actores y representantes sociales, participación académica, cámaras de comercio e industriales y, en fin, franjas sociales activas que no pertenecen a las tradicionales estructuras gubernamentales), para una toma de decisiones más horizontales y consensuadas. En efecto, si antes se pensaba que era suficiente que un gobierno se legitimara en las urnas electorales, ahora se asume que la elección solo da un rasgo de legalidad, pero no necesariamente de legitimidad, pues ésta se gana en el quehacer diario de un gobierno que decide actuar en un plano de igualdad con la sociedad, y no de superioridad. Gobernar a la “antigua” es derroche de recursos por meros actos voluntaristas y unilaterales de quien toma decisiones públicas; gobernar “hoy” es hacer un uso racional de los recursos a disposición, con una estrategia de incorporación social de las personas a quienes se dirigen los beneficios colectivos, mediante políticas públicas incluyentes que deben empezar por permitir la participación social en la toma de decisiones, desde el principio de la gestión, del diseño, del programa, del servicio público, de la obra, desde la planeación misma, para no hacer del ciudadano un simple espectador; porque un “nuevo gobierno” o una “nueva administración” considera al ciudadano como un sujeto y no como simple objeto o cosa. Bien.