La crisis por la que pasó el gobernador Cuitláhuac García en el mes de diciembre del año pasado, cuando se vio obligado a buscar alternativas financieras para pagar los compromisos más urgentes (salarios, aguinaldos y pensiones), fue apenas un avance de lo que habrá de enfrentar durante los seis años.
Han transcurrido siete meses de su administración y hoy trae tras de sí a contratistas y proveedores del gobierno estatal, a los ayuntamientos, al SAT, al IMSS, al Infonavit, a la Comisión Federal de Electricidad, al IPE y al Seguro del Magisterio, sólo por mencionar a algunos.
En muchos casos está claro que son minas que le dejó sembradas su antecesor. No perdamos de vista que Miguel Ángel Yunes Linares motivó a los presidentes municipales para que exigieran, vía la Justicia federal, el pago de participaciones que se fueron rezagando desde la administración de Javier Duarte.
Lo mismo sucede con contratistas y proveedores. Los pasivos que tiene el gobierno estatal son de la etapa duartista, pero Yunes Linares se pasó sus dos años “pateando el bote”, con revisiones a cada factura y con amenazas a quienes insistían en cobrar.
Hoy todo eso recae en el gobierno de Cuitláhuac García, que no ha sido lo suficientemente claro al momento de definir un calendario de pagos.
En el caso de los municipios, el gobierno estatal ha sido sentenciado a pagar de inmediato, lo que resulta virtualmente imposible, por lo que se han ido a la negociación con los ayuntamientos acreedores.
Con uno de ellos que no acepte la prórroga que le está planteando la administración estatal, y denuncie ante el Poder Judicial de la Federación el incumplimiento de la sentencia, las autoridades estatales podrán ser acreedoras a sanciones de carácter penal.
Este martes la titular del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) Daniela Griego Ceballos, admitió que ese organismo tiene un “hueco financiero” cercano a los 12 mil millones de pesos, y anunció que ya prepara las denuncias contra los entes que han sido requeridos para que salden su deuda y se han negado.
En realidad la cartera vencida del IPE (lo que le deben el gobierno estatal, los ayuntamientos y organismos autónomos) es de ocho mil millones de pesos, pero a ello se suman a los tres mil millones de pesos de déficit anual para el pago de prestaciones de pensionados y jubilados, además de unos 800 millones de pesos por concepto de subsidios no reportados.
En situación similar se encuentra el Seguro del Magisterio. Su titular, Francisco Enrique Pérez, señaló que el gobierno estatal le adeuda a ese organismo cerca de 460 millones de pesos y adelantó que se está buscando un mecanismo para cubrir ese pasivo mediante la enajenación de algunos bienes del Estado.
El problema no es que el gobierno estatal deba. Lo grave es que no hayan sido transparentes respecto a las dimensiones de los pasivos, y la estrategia que habrán de seguir para cubrirlos.
Deber no es malo, esconderse a los acreedores, sin embargo, habla muy mal de la seriedad de este gobierno.
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Epílogo.
El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, desmintió las versiones de la supuesta donación de un terreno del fundo legal (que presume haber gestionado una diputada de su mismo partido) para la construcción de un “panteón ministerial”. Alguien, en esta ocasión, no hizo bien su tarea. *** El secretario de Gobierno, Éric Cisneros, sacó la “Pejiña”. Frente a los cuestionamientos por las actas de nacimiento que circulan en redes sociales en las que parece quedar demostrado que sí existe un parentezco sanguíneao entre el gobernador Cuitláhuac García y el subsecretarion de Administracióin y Finanzas, Eleazar Guerrero, la salida del funcionario fue más o menos en este sentido: “Yo tengo otros datos”.
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