La designación de los 13 juristas que habrán de ocupar las plazas vacantes de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia, está generando un debate jurídico pocas veces visto en Veracruz.
Un bloque de jueces emitió una misiva que hizo circular públicamente, en la que piden a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez cordero (quien tiene como antecedente haber sido ministro de la suprema Corte de Justicia de la Nación) que “interceda” con el gobernador Cuitláhuac García, para que lo convenza de privilegiar la experiencia en la carrera judicial al momento de presentar sus propuestas al Congreso local.
Con mucho tino, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, advirtió que no sólo en el ámbito judicial se pueden encontrar perfiles idóneos para ocupar las vacantes.
El magistrado presidente advirtió que si bien los juzgadores tienen derecho a aspirar, también tienen las mismas posibilidades los académicos, los investigadores, jurisconsultos y abogados:
“Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre; porque lo que se busca es tener un tribunal democrático que evolucione y respire cada vez que se nombren nuevos magistrados; porque al existir otros perfiles emanados de la carrera judicial y además, de los que provienen de la academia, de los propios colegios y barras de abogados; de postulantes del Derecho y de servidores públicos con experiencia en la materia, los criterios y formas de trabajo se desarrollarán desde nuevas perspectivas”.
Sin embargo, algunos de los interesados se han ido a los criterios plasmados por órganos nacionales e internacionales para la definición de los perfiles en tales puestos.
De ahí que encontraran la resolución del expediente 35/2019 del amparo en revisión, en el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, en el que se establece que “aunque el Gobernador puede hacer la propuesta de nombramiento y el Congreso puede aprobarla, esas actuaciones, en forma invariable, deben sujetarse a los principios constitucionales que deben informar y privilegiarse en el ejercicio de dichas atribuciones, para garantizar el derecho de quienes están interesados en participar, en condiciones de igualdad (…) de ahí que el mecanismo que se seleccione para tal efecto debe garantizar la transparencia de su actuar, ya que solo de esa manera se puede asegurar la independencia, autonomía e imparcialidad del órgano jurisdiccional que integrarán”.
Los quejosos en Colima se remitieron a lo que establece la fracción tercera del artrículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su tercer párrafo ordena: “Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica”.
Pero van más allá y recurren a lo plasmado en los artículos 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el 25, párrafo primero, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que todos los ciudadanos deben gozar, entre otros, del derecho y oportunidad de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Contrario a lo que muchos afirman –que el nombramiento de los magistrados es facultad absoluta del Jefe del Ejecutivo y que sólo requiere que el Poder Legislativo lo apriebe con mayoría calificada- existen mandamientos en la Carta Magna y en los acuerdos internacionales a los que México está adherido, que deben ser respetados.
Dichos preceptos tienen como propósito garantizar la independencia judicial, brindando a los juzgadores las condiciones necesarias para que la administración de justicia se preste de manera independiente, imparcial y eficaz.
Para elegir a los magistrados, el gobernador debe utilizar criterios iguales, lo cual significa que los aspirantes participen en igualdad de condiciones. Esto es de especial relevancia, dado que la implementación de un mecanismo objetivo de selección permite garantizar que la sociedad cuente con funcionarios de excelencia, cuya elección se basa en un sistema riguroso que estudie la preparación de los aspirantes, así como el respeto que tenga la sociedad por quienes ostentan dichos cargos.
No es, pues, una obligación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo imponer, por encima de otros perfiles, el de aquellos que tengan experiencia en la carrera judicial, pero cada una de las propuestas debe estar bien fundamentada, con argumentos inapelables que demuestren su idoneidad.
De no ser así, se habrá incurrido en los mismos vicios que se dieron en el pasado, en el que los más altos cargos dentro de la administración de justicia eran utilizados como moneda de cambio en el ámbito político.
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Epílogo.
La Secretaría de Marina confirmó que uno de sus helicópteros realizó un aterrizaje forzoso en Córdoba, pero aclaró que no se reportaron lesionados ni personas fallecidas, además de que la aeronave no sufrió ningún daño. *** El helicóptero MI-17 fue alertado de una falla mecánica por un sensor en su tablero, por lo que sus tripulantes decidieron aterrizar cerca del poblado de Yanga, para asegurar que la falla no tuviera mayores consecuencias.
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