Como a muchos sorprendió la forma en que los operadores legislativos de Palacio de Gobierno maniobraron para sacar sin ningún problema la designación de la ex procuradora fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Delia González Cobos, como auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), entonces no faltaron los que desde aquel jueves 26 de septiembre comenzaron a preguntar qué fue lo que les habrían dado o prometido a esos mismos diputados del PAN, PRD e independientes que a principios de febrero de este año habían echado abajo el juicio político que en ese entonces gobernantes y legisladores de MORENA pretendían iniciarle a Jorge Winckler para sacarlo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con el paso de los días han ido saliendo a la luz algunas de esas presumibles negociaciones. Así, por ejemplo, recientemente quedó al descubierto las cuotas que a los grupos de poder representados en el Congreso local les cedieron de las 13 magistraturas que estaban vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Pero ahora ha trascendido también que hasta al grupo del ex dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón –representado por el diputado Sergio Hernández, aún coordinador de la bancada blanquiazul–, le habría tocado su rebanada de pastel con la permanencia de dos personeros claves tanto en el ORFIS como en la FGE, los cuales formarían parte de una auténtica red de delincuencia organizada implicada en casos de evasión fiscal por el presunto tráfico de facturas falsas que les habrían estado vendiendo a tesoreros municipales, cuyos millonarios desvíos de recursos han sido sospechosamente encubiertos en el máximo ente fiscalizador y en la Fiscalía por sus supuestos cómplices.

Nos citan, por ejemplo, el caso del C.P. Pedro Benítez Domínguez, quien pese a tener sendas denuncias por 22.5 millones de pesos como tesorero municipal de Naolinco, y otra por 17.5 millones de pesos del ayuntamiento de Actopan derivadas de las cuentas públicas municipales 2017 y 2018, respectivamente, fue nombrado a principios de este año en la Tesorería de Tuxpan por el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha, primo hermano del ex dirigente yunista del PAN.

Y es que el actual tesorero tuxpeño es hermano de Javier Enrique Benítez Domínguez, quien al parecer fue ratificado como director de Seguimiento de Auditoría Municipal del ORFIS y comienza a ejercer un gran ascendiente en la auditora general González Cobos.

A esta camarilla pertenecería también Carlos Alberto Delgado, otro incondicional de Pepe Mancha Alarcón, que no obstante la salida de Winckler y de Marcos Even Torres todavía continúa en la Dirección de Procesos de la Fiscalía Anticorrupción, desde donde habría ordenado el archivo temporal de las denuncias en contra del tesorero de Tuxpan.

A esta red de presuntos traficantes de facturas de empresas fantasmas pertenecería también el actual tesorero municipal de Úrsulo Galván, Oscar Viveros, quien en la Legislatura anterior se desempeñó como secretario de Fiscalización del Congreso local, protegido por la ex coordinadora de los diputados perredistas y ex candidata fallida de la alianza PAN-PRD-MC al Senado de la República, Yazmín Copete Zapot, suegra de la diputada local por Santiago Tuxtla, Brianda Kristel Hernández Topete, también del partido del sol azteca.

DENUNCIAN ‘OPERACIÓN LIMPIEZA’

Por cierto, este domingo circuló un video del diputado federal de MORENA por Papantla, Jaime Humberto Pérez Bernabé, quien no sólo denunció públicamente en las instalaciones de la Fiscalía regional que teme por su vida e integridad física –de lo cual responsabilizó directamente al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, de cualquier atentado en contra suya y/o de su familia, sino que también acusó la corrupción que impera en la actualidad en Veracruz, especialmente en la SEGOB y en el Congreso del Estado, llamando corrupto y ladrón al diputado Eric Domínguez, quien como presidente de la Comisión de Vigilancia llevó a cabo el proceso para designar a la nueva auditora general del ORFIS.   

Entre otros señalamientos que hizo el legislador papanteco de MORENA, dijo que la llamada “Banda de los Eric’s” –en alusión a Cisneros y Domínguez– actúan en contubernio con ex funcionarios duartistas, como Jorge Carvallo Delfín, para limpiar las cuentas públicas municipales de algunos alcaldes.

Y es que han trascendido casos como los de los ayuntamientos de Naolinco y Actopan, en donde Pedro Benítez Domínguez estuvo a cargo también de las tesorerías municipales en 2017 y 2018, en las que habrían sido descubiertas facturas falsas, de presuntas empresas fantasmas, que sólo eran exhibidas a los auditores del ORFIS pero que posteriormente, en 20 días, eran canceladas para que no fueran detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).    

Precisamente por actos ilícitos como éste, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acaba de legislar, equiparando penalmente a este tipo de delito con el de la delincuencia organizada, por considerar como amenaza a la seguridad nacional la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

¿Sabrán en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda la millonaria evasión fiscal que pretenden encubrir a una buena cantidad de tesoreros y ediles de los 212 ayuntamientos de Veracruz?