Dos mil veintiuno es el año de las elecciones más grandes en la historia del país. Se elegirán 15 gobernadores, 500 diputados federales, cientos de legisladores locales y miles de funcionarios municipales. En total estarán en juego 21 mil cargos en todo el país. El presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral refleja la dimensión y complejidad del proceso: se le asignaron casi 27 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 11 mil millones con respecto del año anterior.

En el caso de Veracruz tenemos elecciones concurrentes. Además de los diputados federales toca elegir 50 legisladores locales y 212 alcaldes.  Sin demérito de la labor parlamentaria, la renovación de los ayuntamientos tiene especial relevancia. Es el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y el pilar fundamental en que descansa la democracia mexicana desde antaño.  Es también el espacio donde se definen, en primera instancia, las oportunidades de desarrollo económico para las grandes mayorías.

Por desgracia, la importancia del cabildo como promotor del bienestar y de la participación popular en los asuntos públicos no es muy apreciada. Señalemos, de cualquier forma, algunas de las tareas que competen al nivel municipal en el caso veracruzano más allá de la acostumbrada pavimentación de calles y renovación de parques y jardines. 

En primer lugar están las obligaciones vinculadas al desarrollo económico. Cuatro décadas de neoliberalismo convirtieron a Veracruz en un estado asolado por el desempleo y la insolvencia económica. Entre 2008 y 2018 se generaron casi un millón de nuevos pobres y los indicadores  que miden la precariedad laboral están por encima de la media nacional en muchos de los casos. 

Los presidentes municipales tienen que contribuir a la detonación de ciclos de prosperidad con arraigo local para solucionar esta grave problemática. En las zonas deprimidas por la desindustrialización y  la crisis de la industria petrolera eso significa pensar en nuevos productos y procesos para insertarse en los circuitos económicos mundiales al mismo tiempo que se toman medidas para fortalecer los mercados locales. 

En segundo lugar, la administración municipal deberá implementar medidas para dotarse de un piso financiero más favorable. El nivel de endeudamiento de los ayuntamientos veracruzanos –derivado sobre todo de la bursatilización de 2008- reduce el margen de maniobra para las tareas sustanciales. Los alcaldes deben trabajar en una política de austeridad, reorganización de las finanzas y reestructuración de la deuda que les permita liberar recursos para el desarrollo y el mejoramiento de los servicios municipales. Destacadamente, necesitan incrementar la recaudación local, una de las más bajas a nivel nacional. 

En tercer lugar, los ayuntamientos veracruzanos necesitan rediseñar la administración de sus recursos humanos. La mayor parte de su presupuesto se destina al pago de salarios y del llamado “pasivo laboral” resultado de una voraz política de colocación de amigos, aliados y familiares en la nómina municipal. Urge una reingeniería del personal y una digitalización de los servicios que promueva la eficiencia y ahorre costos. Reducirse a tomar el gobierno local así como se encuentra es condenarse a la rutina y la inefectividad. Entender que el triunfo en las elecciones es la oportunidad de convertirse en una agencia de colocación de empleos no sólo es deleznable sino antieconómico.  

Promoción del desarrollo, reorganización de las finanzas y rediseño de la administración son las tareas del momento en el nivel municipal.  ¿Podrán los candidatos suscribir una agenda de este tipo para Veracruz? 

*Economista, latinoamericanista y asesor parlamentario