En el rubro de Política Económica, el Objetivo 3 es definir los programas y políticas públicas estatales que se necesitan para mejorar el crecimiento económico sostenible e inclusivo. La estrategia especifica es promover las inversiones, generar empleos formales y apoyar al sector microempresario y emprendedor mediante la gestión de recursos públicos y privados.
Tanto el objetivo como la estrategia se relacionan con la Agenda 2030 que señala la necesidad de mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales, lograr niveles más elevados de productividad y promover políticas que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad, la innovación y el aumento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES).
Al respecto, se señalan nueve líneas de acción y sus respectivos indicadores. Señalemos solamente una directriz de las políticas públicas en esta área: implementar programas gubernamentales en beneficio de las MiPyMES veracruzanas. Al respecto, el indicador utilizado para medir el desempeño muestra que el número de personas emprendedoras y MiPyMES apoyadas ha crecido sostenidamente durante la presente administración, pasando de 6,251 en 2018 a 11,914 en 2020. Por supuesto, una evaluación más a fondo implicaría conocer la efectividad de estos apoyos y las causas reales del incremento de los subsidios (descartando razones circunstanciales). Pero es claro el esfuerzo del gobierno estatal en este aspecto.
El segundo ejemplo es del rubro denominado Bienestar Social. El objetivo 11 se propone incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos mediante el otorgamiento de servicios universales de salud. La estrategia es disminuir la Tasa de Mortalidad Infantil y Materna. Una de las cinco líneas de acción para alcanzar las metas es garantizar el acceso gratuito a la salud de quienes menos tienen, en especial de la población indígena. Al respecto, se utilizan seis indicadores. Uno de ellos es la tasa de natalidad de niñas y adolescentes de 10 a 14 años, cuya evolución muestra un ascenso de 2010 a la fecha. Todo indica que hay mucho por hacer en el tema del embarazo infantil en tierras veracruzanas. Las autoridades, los legisladores y la sociedad civil deberían redoblar el esfuerzo dirigido a combatir esta problemática social.
Hasta aquí con los ejemplos. De esta manera podemos apoyarnos en el Observatorio Veracruzano de Políticas Públicas. Ojalá los actores políticos locales hagan uso de él para fundar sus opiniones y hacer evaluaciones objetivas de la administración estatal.
*Economista, latinoamericanista y asesor parlamentario |
