No es sorpresa que en este foro se le acuse al presidente de México de tener claras intenciones de instaurar un régimen autoritario, totalitario y dictatorial. Pero es que cada vez es más preocupante notar que, al verse frenado por la fuerza que tienen las instituciones de nuestro país, el mandatario nacional se empeñe en destruir el modelo democrático al que estamos adheridos, con tal de imponer su visión añeja en donde el Estado se debería encargar de proveer absolutamente todo.

Ya en otras ocasiones he explicado, con argumentos económico-matemáticos, así como político-sociales, porqué siempre esto inevitablemente fracasa y deja como resultado más pobreza, más hambre y más muerte. Por lo que, en esta ocasión, nos centraremos en analizar las negativas consecuencias de los últimos sucesos que han marcado una palpable línea dictatorial en el modelo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos, por lo menos, tres eventos recientes que evidencian esta tendencia.

Empecemos con la polémica invitación del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, a unirse al proyecto de nación del actual gobierno, en la que exhortó al pueblo mexicano a «estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer que la realidad cada día sea más prometedora», durante la conmemoración del 111 Aniversario de la Revolución Mexicana. Esto es, a todas luces, ilegal, antidemocrático y, sobre todo, muy peligroso.

El Ejército tiene prohibido inmiscuirse en temas político-partidarios, pues su función se remite exclusivamente a «garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado en busca de construir una paz duradera y fructífera», que es lo que el Gobierno de México entiende por Seguridad Nacional. La raíz de todo esto es que el ejecutivo federal tiene prácticamente comprada a la Armada de México, a través de sus titulares, ya que les ha dado dinero a manos llenas, así como tareas que corresponden a los despachos del gobierno civil, situación que le ha otorgado al Ejército mexicano más poder que a cualquier otro ente en el país.

Por si lo anterior fuera poco, hace un par de días se dio a conocer (después de un reportaje de Loret de Mola), que el presidente habría retirado el apoyo a la candidatura de Arturo Herrera para la gubernatura del Banco de México, situación que a todos sorprendió, pues Herrera tuvo una resaltable gestión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que logró cuadrar los números para salvar al gobierno de AMLO de una crisis económica peor que la vivida, debido a los nulos esfuerzos del gobierno federal por destinar recursos hacia temas pandémicos, con tal de mantener a flote sus programas sociales (clientelares).

Todo apunta a que el motivo por el cual AMLO desestimó a Herrera sería que el exsecretario se habría negado a centralizar el Banco de México, como pretende López Obrador, pues es claro que el mandatario nacional añora utilizar las reservas de Banxico, toda vez que ya no tiene de dónde más sacar dinero. En su lugar, el presidente propuso a Victoria Rodríguez Ceja, una mujer que, en el papel, está bastante preparada para un encargo de semejante envergadura. No obstante, preocupa que a Herrera no lo sacó de la jugada por incapaz, sino por falta de lealtad ciega. ¿Será que Rodríguez Ceja sí está dispuesta a entregar la autonomía del Banco de México para los fines que el presidente quiera? Ya lo veremos…

Por último (no por eso menos importante), esta misma semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial en donde se considera de interés público y de seguridad nacional la realización de los proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. Esto es gravísimo, porque permite al gobierno mantener en secreto toda la información relacionada con los proyectos que hacen con nuestro dinero. Es decir, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y demás obras o proyectos que estén a cargo del gobierno federal, podrán realizarse con total opacidad, sin necesidad de explicarnos a los mexicanos: ¿qué empresas participan?, ¿cuánto dinero se va a utilizar y por qué?, ¿cuánto va a durar la obra?, etc. Ni el PRI más autoritario se atrevió a tanto…

Así pues, siguiendo claros modelos provenientes del Caribe y Sudamérica, el presidente de México busca, de la manera que sea, imponer su ley por encima de las ya existentes leyes del país; todo, pobremente justificado en buscar un supuesto Estado de Bienestar. Los resultados no pueden ser distintos si se utiliza la misma ecuación del fracaso socialista, y el peligro de que se cumplan las expectativas de López Obrador es que esto atenta directamente en contra de la libertad misma y, sin libertad, ¿qué nos queda…?

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