El resultado fue la sustitución de Ignacio Ovalle por Leonel Cota Montaño. Se ha sabido de la detención y vinculación a proceso de piezas claves en la corrupción de Segalmex, como el ex director de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste.
Se ha sabido también que la Fiscalía General de la República acusó y obtuvo órdenes de aprehensión para otros 15 exfuncionarios de Segalmex, directores, subdirectores, gerentes, subgerentes y jefes de almacenes rurales por presunta delincuencia organizada, pero de Ovalle, ¡Nada! Solo su renuncia y su reacomodo como titular en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), de la Secretaría de Gobernación a cargo de Adán Augusto López Hernández, quien se perfila como el posible futuro candidato de MORENA a la presidencia en el 2024.
Es decir, con eso basta. Así se arreglan las cosas en la 4T. Así de fácil.
¿No que ahora se barrerían las escaleras de arriba para abajo?
¿Qué hará el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué hará Adán Augusto López Hernández, en su campaña, si es que le gana el brinco a las demás corcholatas con un fardo de corrupción tan pesado como el de Segalmex y la protección a Ignacio Ovalle Fernández?
Y es que si alguien piensa que al tema ya se le echó tierra y no dará problemas a MORENA y a su candidato en los acostumbrados debates políticos rumbo a la elección del 24, pudieran estar equivocados.
El tema está y estará ahí, vivo y latente; como una feroz demostración de que el actual gobierno no pudo controlar la corrupción como lo prometió -eso aquí no se dio por descontado-, sino de la práctica indeseable de PROTECCIÓN POLÍTICA A DELINCUENTES cuya corrupción fue detectada, documentada, perseguida, investigada y demostrada y que finalmente fueron perdonados (léase Ignacio Ovalle Fernández).
Y para muestra un botón. La presión política por la vía institucional apenas se empieza a tejer alrededor de Segalmex.
Ante la petición formal de una persona ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para que se conozcan públicamente y por dentro el proceso que se le sigue a Segalmex.
Ahí, en el INAI, sorpresivamente el caso ha caminado conforme a la Ley, al emitir una orden para que Segalmex dé a conocer las denuncias presentadas ante la FGR por la falta de 900 millones de pesos.
No es todo, pero ese es el camino, pues si una persona logró lo anterior, qué será si la presión social crece en ese sentido y por la vía legal de acceso a la información y la transparencia.
El siguiente paso será que el INAI obligue también a la FGR a que se transparente el proceso que se le sigue a los presuntos delincuentes de Segalmex y el por qué a Ovalle Fernández no se le toca.
La actuación del INAI se dio ante la negativa de Segalmex a proporcionar al solicitante la información que una persona hizo por la vía legal, aduciendo inexistencia de información sobre un faltante de 900 millones de pesos que fueron pagados a empresas que no cumplieron con sus servicios.
El INAI, además de apercibir a Segalmex en caso de incumplir esa orden, también le instruyó para informar que en caso de no haber presentado alguna denuncia se explique el motivo y fundamento sobre el porqué de la omisión y explique si existen otros procedimientos jurídicos que se estén llevando al cabo para recuperar el dinero público mal aplicado.
Es poco por lo pronto, pero es un avance y un camino legal para que sepamos qué misterios se tejen en torno a este peculiar caso en el que presuntamente desde la Presidencia se busca proteger a un amigo, que desgraciadamente no fue capaz de cumplir con su deber.
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