Y resulta también que la elección de los jueces, consejeros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de costosa y absurda, será totalmente inequitativa.
Primero, porque se va a poner a ciudadanos que no saben nada de Derecho y no conocen la vida y la carrera de los candidatos, a elegir a personas que para hacer su función necesitan un gran conocimiento, madurez intelectual, honorabilidad y perspicacia. No es que cualquier muchacho salido de la Facultad de Derecho tenga los elementos para ser un juzgador, y menos aún la experiencia necesaria. Dice el presidente López Obrador, tan dado a minimizar la importancia de la inteligencia, que para él juzgar no es la gran cosa, que cualquier puede hacerlo, pero ésa es su mentira 150,002, porque una sentencia justa y ajustada a la ley requiere de mucho estudio anterior, de conocer cómo se puede y debe interpretar la ley y de qué manera han sacado sus conclusiones otros jueces en casos similares, lo que se llama la jurisprudencia.
Y segundo, será discriminatoria porque muchos ciudadanos no van a poder votar por diversas razones. Está la de los que no saben leer y escribir, que son cuando menos 4 millones en el país, porque esta elección exige que cada votante lea concienzudamente la larga lista de candidatos que aparecerá al reverso de la boleta, y de ahí deberá copiar los nombres de sus elegidos en el espacio en blanco anverso.
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Añada usted los 460 mil invidentes que hay en México, y los 2 millones 300 mil débiles visuales que no podrán hacer el ejercicio a menos que los auxilien ya con boletas en alfabeto Braille o ya con alguna otra persona que les haga el favor de leer y escribir por ellos. Pero, ¿quién garantiza que el auxiliador cumplirá la voluntad del auxiliado y no pondrá el nombre que él quiera o se le ocurra?
¿Y los que no tienen manos o brazos para escribir?
Esta suma de impedidos y por tanto discriminados se acerca a los 6 millones de personas, que representan casi el 7 por ciento del total del padrón, y más del 16 por ciento de la media de votantes en una elección nacional.
Dicen los favorecedores de AMLO y por ello de sus reformas, que los candidatos van a poder ser conocidos por el pueblo porque harán una campaña política antes de la elección. Pero los mayoristas de Morena y sus aliados fueron poco compartidos y no permitirán que el INE otorgue dinero en prerrogativas para los aspirantes, y tampoco que reciban aportaciones legales de otros ciudadanos. Eso quiere decir que los abogados que quieran participar tendrán que pagar de su bolsillo la propaganda y los eventos en los que se darán a conocer a la población.
Lo dicho, las elecciones de los jueces del Poder Judicial son un hecho imposible, aunque la 4T y el Patriarca insistirán en que se lleven a cabo.
Qué desgarriate van a ser.
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