Casi diez años han transcurrido desde que se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –en febrero de 2007–, con la que vinieron otras leyes de protección a los derechos de las mujeres, políticas públicas con perspectiva de género y un lenguaje ad hoc de los funcionarios y políticos porque se volvió políticamente correcto estar a favor de este aspecto de los derechos humanos.

            Transcurridos casi diez años, el panorama nacional sólo en el tema de los feminicidios hace difícil reprimir una sensación de frustración o no mostrarse escéptico acerca de si en verdad hubo avances en los temas de género. Diez años de cambios legislativos, de la aparición de los institutos de las mujeres a niveles federal y estatal, de campañas en favor de una convivencia más igualitaria entre hombres y mujeres no han podido detener la ola de asesinatos contra mujeres y niñas; de violencia física en los hogares; de la aprobación de legislaciones que dicen defender la vida desde la concepción y no son otra cosa que un obstáculo para que las mujeres decidan sobre sus propios cuerpos; de la persistencia de salarios menores para las trabajadoras aun en cargos y desempeños iguales a los de los hombres; del tráfico de influencias para separar a las mujeres de sus hijos como una forma de castigo; del acoso sexual en el transporte público; del uso de cargos y posiciones que una gran cantidad de funcionarios hacen para presionar por favores sexuales; de la violencia económica como forma de control sobre esposas, parejas y exparejas; de la inclinación a condenar moralmente a una mujer que decide ejercer su sexualidad de manera libre, como no se hace con los hombres; de la doble marginación que padecen las mujeres campesinas, de la realidad violenta y precaria del trabajo doméstico.

En fin, un largo etcétera que nos hace preguntarnos si en verdad ha habido verdaderos progresos para que las mujeres ejerzan sus derechos humanos. Si nos resistimos a dejarnos vencer por el pesimismo, podemos decir que ha habido avances pero son insuficientes. Y también que es momento de que las autoridades y los políticos ofrezcan otro tipo de acciones para reemplazar los discursos mal aprendidos en materia de género.

Se tienen que comenzar a auditar las acciones definidas por estas políticas públicas. Llevar la rendición de cuentas en materia de género a niveles de evaluación que dejen a un lado los informes cuantitativos que esconden siempre más de lo que muestran.

Es necesario, como política pública, comenzar a diseñar los instrumentos de evaluación institucional para determinar si un organismo atiende o no las recomendaciones en materia de género que pregona como suyas.

Con instrumentos de esta naturaleza se podrían ir erradicando prácticas que impiden el avance en la perspectiva de género. Sería ideal que al menos en las dependencias públicas se hicieran diagnósticos que incluyan comparaciones salariales que nos digan cuánto ganan los hombres y mujeres que en un área de trabajo tienen las mismas funciones, determinar cargas de trabajo, cruzar información de antigüedad en la contratación, eficiencia y mecanismos de acceso al empleo. Número de hombres y mujeres contratados para que acumulativamente podamos obtener un dato sobre las oportunidades laborales que se brindan a las mujeres. Realizar evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones para definir si las personas nombradas para los diferentes cargos se conducen de manera equitativa en materia de género, esto incluiría la no discriminación de las madres de familia, porque la igualdad puede no ser justa. Cómo se distribuyen las acciones de capacitación, etc. Con estos mecanismos se atajarían también muchos actos que implican corrupción en la contratación de personal, entre los que están privilegiar el acceso de los hombres a los empleos, pero también discriminar a las mujeres por su aspecto o por su edad, sin tomar en cuenta las capacidades o habilidades. Los parámetros que en la procuración de justicia se pueden barajar quizá pondrían en apuros a más de un procurador o a los jueces.

Las auditorías, evaluaciones y monitoreo en materia de género son  recomendaciones que hacen diversos organismos internacionales. No se aplican porque hacerlo implica niveles de transparencia para los que no parece estar preparado el andamiaje institucional mexicano, pero visto el panorama actual, son urgentísimos si México no quiere parecer estancado en la edad de piedra en el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

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