Muñoz Vázquez dijo que hace dos años, cuando llegó a esa oficina y ordenó la revisión de varios casos, se encontró con que en unos no había seguimiento y en otros había errores garrafales y posiblemente intencionales. “Había carpetas de investigación que ni siquiera estaban integrándose, y cuando ya estaban integradas parecía que la intención era que no salieran bien”.
Éstas son las primeras (de entre 70 y 80 carpetas de investigación y averiguaciones previas promovidas por la Auditoría Superior de la Federación) que se integran con éxito ante un juez.
¿Qué sigue ahora?
Ir por los presuntos responsables que o ya huyeron, o traen más amparos en la bolsa que baches hay en las calles de Xalapa.
El problema es el tiempo; Muñoz Vázquez sabe que tiene que atraparlos en menos de dos meses, antes de que se venga el cambio de gobierno. Y es que, aunque lo deseable sería que siga con el caso, puede que tanto él como sus investigadores entreguen sus oficinas el 30 de noviembre.
Otro problema es la acusación. De acuerdo con el Código Penal el delito de peculado no es considerado como grave y la pena es de 3 meses a 14 años de prisión. Esto lo saben al menos un par de ex funcionaros acusados de haber robado, desviado o malversado (o las tres cosas juntas) más de 2 mil millones de pesos, que podrían defenderse en libertad.
Es decir, en caso de ser detenidos, se armará la batahola mediática, estarán unos meses en prisión y después saldrán doblados de la risa a rascarse la barriga en la comodidad de sus hogares, mientras sus abogados dan la cara por ellos.
Pero no todo es pesimismo. Lo bueno es que hay garantía de que las carpetas de investigación están bien elaboradas (nada que ver con las que elaboran en la Fiscalía veracruzana). Y un buen trabajo de la PGR permitirá que estos presuntos bandidos purguen la pena máxima de 14 años y devuelvan lo sustraído si son encontrados culpables.
¿Alguna de esas 12 órdenes de aprehensión es para Javier Duarte? No.
Sin embargo -manifestó el funcionario- los casos continúan bajo investigación y si en su momento resulta responsable, se solicitaría a Guatemala una excepción al principio de especialidad (principio que impide que una persona extraditada sea acusada por nuevos delitos), para poder proceder en su contra.
Tantito que le escarbe don Felipe sabrá que Duarte malversó caudales públicos y se apropió indebidamente de dinero perteneciente al Estado, es decir, cometió peculado.
Y si la PGR pide a Guatemala una excepción por ese delito, deberá aprovechar el viaje y agregarle el de desaparición forzada. Porque pudiera ser que el ex gobernador esté embarrado en más de uno de esos abominables crímenes. Y para evitar sospechas, nada como salir de dudas.
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