¿Kime cuentas?
Sebastian Kim.
 

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Jaime Bonilla: primer ensayo…
2019-07-18

La semana pasada atestiguamos una de las peores bajezas que pudo haber cometido un cuerpo legislativo. Los diputados de Baja California aprobaron modificar una reforma de 2014, la cual establecía que quien gobernara durante el periodo próximo (2019 – 2021)  en esta entidad lo haría por dos años con la finalidad de homologar los procesos electorales en el país, extendiendo este periodo de 2019 a 2024. Es decir, en vez de gobernar por dos años, lo haría por cinco.


Ahora bien, hay varios puntos graves en esta legislación, mismos que pretendo desmenuzar a continuación:


En primer lugar, este acto es absolutamente inconstitucional, así como antidemocrático. Se está faltando al Estado de derecho del pueblo que ya tomó una decisión; quienes votaron lo hicieron a sabiendas de que quien resultara ganador, gobernaría por dos años, no por los que él o el Congreso quisiera. Tan sólo este motivo debería bastar para no hacer semejante barbarie, pero bueno, hoy en día es difícil sorprenderse de que este gobierno no respete ni haga cumplir la Ley…


Después está el tema de la “oposición”. Tanto hemos batallado porque exista oposición política en pro de legislaturas objetivas, para toparnos con que en Baja California esto no existió, sino todo lo contrario. 


¿Por cuánto se vendieron, señores diputados? ¿De qué tamaño es la tajada como para traicionar, no sólo los ideales de su partido, sino a la gente que les dio su voto y que gracias a ella están en las curules del poder? ¿Cuánto vale su honor, su valor y sus principios? Cualquier persona que le ponga precio a esto, no vale nada.


Y por último, pero no menos importante: ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? ¿Es esto un ensayo para instancias más grandes? Imposible que no se vengan a nuestras mentes estas y otras dudas similares.


Debe haber consecuencias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe echar atrás esta reforma y se debe marcar un precedente positivo al impedir estas prácticas en cualquier lugar y a cualquier nivel, ya sea local, estatal o federal. De ser así, los legisladores deberán perder su puesto por desacato, ya que emprendieron un proceso legislativo que contraviene lo establecido por el TEPJF (2014). De no ser así, el precedente marcado sería una catástrofe. Estarían apoyando la abolición de la democracia y las consecuencias serían fatales.


¿Está el Poder Judicial a la altura del problema?, en sus manos se sostiene lo que podría ser el antes y después de la democracia en México…


Y tú, ¿Kime cuentas?


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