La abrupta ruptura de esta tendencia a la baja tiene causas nacionales bastante conocidas. Como lo han señalado los especialistas, el drástico incremento de la tasa y el número de homicidios en México está fuertemente correlacionado con la llamada “guerra contra las drogas” emprendida por Felipe Calderón al inicio de su mandato. En cada entidad o región en que se desplegaron los operativos del gobierno federal, los homicidios se dispararon. Veracruz no fue la excepción.
En 2009 el número de asesinatos se duplica con respecto del año anterior. No obstante, el punto de inflexión definitivo es 2013 cuando los homicidios comienzan una curva de ascenso continuo que nos llevará al pico máximo de mil 808 en 2017. Y aunque en los últimos tres años hubo una ligera disminución, la tendencia no parece revertirse.
Si observamos las cifras para el sur de Veracruz este comportamiento se repite. La sumatoria de homicidios para Acayucan, Coatzacoalcos, Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán, que venía descendiendo desde 1990, cambia de sentido en 2010 y, con mayor precisión, en 2013. Los 32 homicidios del primero de los años mencionados se triplica y después se multiplica por once. Pueblos extremadamente apacibles, donde un asesinato era todo un acontecimiento periodístico, se han acostumbrado a hechos de sangre cada vez más dantescos y recurrentes.
Si tomamos en cuenta que esta nueva ola de violencia está relacionada con el control de territorios y mercados, y si aceptamos que la delincuencia organizada participa de la contienda por el poder, la naturaleza política del fenómeno es incontrastable. Pero probablemente en esta ocasión el problema sea más grave. No se trata simplemente de la contienda entre dos bandos. La violencia se ha generalizado al punto en que muchos de los caídos eran indudablemente ajenos e inocentes. La sociedad entera parece estar en la primera línea de fuego y es inevitable pensar en un estado de guerra civil (en el que, a decir de Hobbes, se pueden observar todos los tipos de crímenes y locuras).
Todo indica que el problema en este caso no sería tanto el exceso de estado sino su ausencia, debilidad o disolución, fenómeno derivado del proyecto de reformas neoliberales que destejió pactos sociales, equilibrios de poder, mecanismos de intervención e instituciones fundamentales sobre los cuales descansaba nuestra precaria paz social. Como es sabido, en el caso de Veracruz esto se efectuó sobre todo durante el gobierno de Javier Duarte, cuando las instituciones de gobierno se terminaron de resquebrajar.
Lo indispensable es, por lo tanto, la recomposición estatal. No habrá paz en Veracruz sin un proyecto profundo y de largo plazo dirigido a la reposición democrática de las instituciones.
*Economista, latinoamericanista y asesor parlamentario |
