Este lunes, en el Senado de la República, fue presentada la Reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, en cuya ceremonia el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reconoció que existen casos de corrupción que, si bien están focalizados, tienen hondas raíces y un profundo impacto, por lo que para combatirlos, dijo, “hemos intensificado las investigaciones, hemos destituido y suspendido a jueces y magistrados, hemos aumentado el número de visitas extraordinarias, como mecanismo de auditoría especializada para órganos jurisdiccionales.”

Sin embargo, Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que “la impunidad frente a los casos de corrupción, ha dado lugar a la existencia de cotos de poder y de arrogancia.”

Si eso sucede en el Poder Judicial federal, qué no se dará también en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Aquí va un botón de muestra, el más reciente: el abogado Marcos Calles Tejeda presentó este miércoles 23, ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, en Xalapa, una denuncia de hechos en contra de Oscar Hernández Carmona, Juez interino de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial del puerto de Veracruz; de Yolanda Lizeth Guevara Oliva, en su carácter de personal del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral del mismo Distrito Judicial, y de Cayetano Domínguez, delegado de Servicios Periciales en Veracruz, por la comisión de posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencia, que de acuerdo a las recientes reformas ameritarían “prisión oficiosa necesaria” de 4 a 12 años.  

La denuncia es consecuencia de un polémico litigio por la disputa del predio denominado La Pichancha, propiedad de Mario Razo Chapa, valuado en alrededor de 40 millones de pesos, el cual está ubicado en la antigua hacienda Santa María Buena Vista, en el municipio de Alvarado, junto al Club de Golf. 

Según asegura Calles Tejeda, Sergio López Martínez, apoderado legal del empresario Javier Barquín Gómez, quien reclama con artimañas la propiedad del predio, y el abogado Hugo Anselmo Rascón Domínguez, habrían sobornado al juez Hernández Carmona y a los otros dos servidores judiciales denunciados.

Y es que el 2 de septiembre de este año, López Martínez, muy mañosamente, interpuso denuncia ante el Fiscal tercero de la Sub Unidad Integral de Boca del Río, por presunto delito de despojo en contra de quien o quienes resulte responsable, iniciándose la Carpeta de Investigación número UIPJ/D-XVII/SUA/225/2019.

Pero el 16 de octubre se presentó formal denuncia en contra de Barquín Gómez, del ex empleado de la Secretaría de Marina, Elías de Jesús Caballero Rosas, y del abogado Sergio López Martínez, pues una semana antes, el 9 de octubre, se sumaron diversas evidencias en esa misma carpeta de investigación que demuestran la posible aportación de pruebas falsas por parte del querellante López Martínez.

También se aportaron otros elementos, entre ellos notas periodísticas, que justifican que Barquín mandó a Caballero Rosas a amenazar con arma de fuego a diversas personas que estaban laborando en el mencionado inmueble. 

Calles Tejeda acusó además que sorpresivamente el 8 de octubre recibió un citatorio, ordenado por el denunciado juez interino de Control y Enjuiciamiento, en el que le ordena comparecer al día siguiente para la celebración de una audiencia que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando en la mencionada carpeta de investigación el fiscal de conocimiento aún no le ha dado el carácter de investigado. Además dijo que indebidamente envió también un citatorio similar a su mismo domicilio para requerir al abogado Juan Martínez.

Según consignó en su denuncia, Barquín Gómez gritó “en el predio adjunto del cual quiere apoderarse”, que ya había dado dinero suficiente al Juez para que detuvieran las obras del mencionado inmueble, así como a los otros funcionarios judiciales. 

DANTE: DOBLE DISCURSO

Por cierto, durante la Presentación de la Reforma con y para el Poder Judicial, realizada el lunes pasado en la antigua sede del Senado de la República, el ex gobernador de Veracruz, Dante Delgado Rannauro, actual coordinador de la bancada del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara alta del Congreso de la Unión, fue el más aplaudido de los oradores que intervinieron en dicho foro.    

Y es que en su discurso, el ex sustituto de don Fernando Gutiérrez Barrios en la gubernatura veracruzana no sólo dijo que “el sometimiento de los poderes es un acto de deslealtad que genera corrupción” y que “subordinar la justicia, es pervertirla”, sino que además sacó a colación el proceso penal al que fue sometido en diciembre de 1996, durante el sexenio del ex presidente Ernesto Zedillo.

“Yo creo en el Poder Judicial, porque gracias a su independencia y férrea defensa de la ley, pude enfrentar a un Presidente de la República y salir indemne. Gracias al Poder Judicial, pude defenderme y recuperar mi libertad, pude luchar para que el Estado resarciera el daño moral que me provocó y me convertí en el primer mexicano en ganar una demanda de esa naturaleza. Si el Poder Judicial hubiera estado controlado por el Presidente, o si mi batalla legal hubiese quedado sólo en lo local, yo no habría salido bien librado”, expresó el fundador del partido naranja que originalmente, en 1995, se llamó Convergencia por la Democracia.

 “Por todo esto, estoy convencido de que la independencia del Poder Judicial es indispensable para la vida democrática del país y que permitir su desmantelamiento es un acto de corrupción.

“Los intentos para intimidar, presionar, coaccionar al Poder Judicial y a la Suprema Corte, son actos que no debemos permitir.

 “No se lo toleraremos al Ejecutivo y no se lo permitiremos a quienes estén operando, desde dentro, el desmantelamiento de la Corte para ponerla al servicio de la Presidencia; no toleraremos operadores del Presidente dentro de la Suprema Corte”, reiteró Delgado Rannauro ante ministros y magistrados de la SCJN, y frente al Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, y del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ahí presentes también. 

Pero muchos de los que este lunes le aplaudieron a Dante pasaron por alto que el año pasado, inexplicablemente, el líder de Movimiento Ciudadano terminó aliándose en el proceso electoral local con el gobernador saliente del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, su verdugo, pues como secretario de Gobierno el ex priista fue quien se encargó de operar en diciembre de 1996 la supuesta venganza del ex presidente Zedillo que lo mantuvo recluido dos años en el penal de Pacho Viejo.

¿Qué hizo que el líder de MC apoyara a Yunes, quien pretendía heredarle la gubernatura a su primogénito y quien como gobernador –casualmente lo que ahora critica Dante– sometió autoritariamente a los poderes Legislativo y Judicial para vengarse de su antecesor Javier Duarte y perseguir y extorsionar a ex funcionarios duartistas?

Dante les debe una explicación a sus amigos, ex colaboradores y correligionarios, muchos de los cuales optaron mejor por darle su voto al candidato de MORENA, Cuitláhuac García.