Desde hace poco más de un mes, se ha vuelto público un conflicto entre concesionarios de centros de verificación vehicular y el gobierno de Veracruz, debido a que el Congreso local, a iniciativa del gobernador Cuitláhuac García, aprobó una modificación al Código Financiero para que el cobro de este servicio lo realice la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, utilizando la infraestructura de dichos centros, los cuales, hay que aclararlo, son empresas particulares que otorgan un servicio a través de una concesión.

En otras palabras, lo que pretende el gobierno de Veracruz es convertir estas empresas privadas en proveedores únicos del Estado, esto, además de ser ilegal, es un claro atentado en contra del patrimonio de los concesionarios. Cabe agregar que ellos no serían los únicos afectados, puesto que, al hacer esta transición, el ciudadano sufriría también el cobro de un nuevo impuesto. Platicando con el vocero de los concesionarios de centros de verificación en el Estado de Veracruz, Eduardo Casares Sort de Sanz, me comentó un par de situaciones que los veracruzanos debemos tomar en cuenta.

De ponerse en marcha dicha modificación, los usuarios de automóviles deberán pagar un nuevo impuesto cada vez que vayan a verificar (dos veces al año), además de los costos que ya implican realizar dicho trámite. Debido a este conflicto, se han detenido las verificaciones, ya que no les están vendiendo certificados a los concesionarios como forma de presión para que se adhieran al nuevo programa, lo que ha generado pérdidas de hasta 70 millones de pesos para ellos y de hasta 40 millones de pesos para el Estado. Esta pausa también es ilegal, pues la Secretaría de Medio Ambiente está obligada a mantener justamente un ambiente sano, y los servicios que los centros de verificación ofrecen son fundamentales para ello.

Van 37 amparos a favor de los 200 que los concesionarios interpusieron, y lo más probable es que ganen la mayoría, puesto que existen contratos que protegen su patrimonio y su derecho a laborar de manera particular. La duda que surge de esto es: ¿cuál es la intención del gobierno de hacer dicha modificación? En primera instancia, pretende cobrar al ciudadano una comisión por un servicio que no ofrece, es decir, un nuevo impuesto para recaudar más dinero y así, solicitar al gobierno federal más ingresos para continuar con el programa. 

Esto se traduce básicamente en expropiación, una práctica común en gobiernos de corte socialista, ejemplos en el Caribe y en el sur de Latinoamérica hay de sobra, y todos ellos son muestra de que dichas prácticas son benéficas para el gobierno, pero lastimosas para los ciudadanos. Así pues, el gobierno morenista de Veracruz continúa dando muestras claras de que ni la legislación ni la aplicación de las leyes son su fuerte, más bien pareciera que la Ley les estorba…

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