Las Aportaciones Federales, agrupadas presupuestalmente en el Ramo General 33,  son recursos transferidos a los Estados y Municipios con la finalidad de fortalecer áreas prioritarias del desarrollo nacional como educación, salud, seguridad pública, combate  a la pobreza, asistencia social y alimentaria, educación tecnológica y de adultos, infraestructura social y fortalecimiento financiero de las entidades públicas. Nacieron en la segunda mitad de los años noventa como parte de esfuerzo de descentralización del gasto público bajo el entendido que las instancias sub-nacionales de gobierno pueden ejercer el presupuesto con un mejor conocimiento de causa, reconociéndose así que la excesiva centralización administrativa propia del Estado post-revolucionario mostró ineficacias considerables al respecto.

Como la ley establece claramente su destino, estos fondos son comúnmente conocidos como recursos etiquetados. Su importancia está fuera de toda duda: once de cada 100 pesos del gasto total federal corresponden a las Aportaciones y su monto fue equivalente al presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social y poco más del doble del asignado a la Secretaría de Educación Pública. Además, representaron cuarenta por ciento del total de las transferencias federales a las Entidades Federativas. En el caso de los municipios, su participación va de 20 por ciento del dinero total manejado por aquellos con muy bajo índice de marginación, hasta 58 por ciento en aquellos que tienen un índice muy alto.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 presentado  recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se destinan 830 mil 299 millones 613 mil 382 pesos para el Ramo 33, lo que representa un incremento de 7 por ciento con respecto del año anterior, una vez superadas las dificultades financieras derivadas de la pandemia. Los fondos más favorecidos, con incrementos que superan el 11 por ciento son aquellos dirigidos a la infraestructura social (FAIS), al fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN), a la asistencia social y la infraestructura educativa (FAM) y al fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

Tomando el monto absoluto Veracruz es el segundo Estado más favorecido con este tipo de transferencias sólo después del Edomex. Recibimos cerca del 7.5 por ciento del total nacional y poco más de 7 mil 200 pesos por habitante. Para 2022 la Federación proyecta transferir a Veracruz 61 mil 402 millones 539 mil 831 pesos, cantidad que es 5.9 por ciento más que el año pasado y casi 3.5 mil millones de pesos adicionales. El ya mencionado Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) será el de mayor incremento, con 18.5 por ciento, seguido del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (dirigido a la reducción de la pobreza) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (que en años recientes se ha usado  para sostener las pensiones de los trabajadores veracruzanos).

Además de los municipios, las instancias ejecutoras de este gasto en nuestro estado son una decena y media de dependencias que van desde la Secretaría de Educación (SEV) y los Servicios de Salud (SESVER) hasta el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), pasando por la Comisión del Agua (CAEV) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), además de la Universidad Veracruzana (UV), por mencionar sólo algunas. Todas estas dependencias están obligadas a demostrar que las Aportaciones Federales se ejercen no sólo con honestidad sino con eficacia. Para el segundo de estos fines, la ley obliga a que se realicen evaluaciones anuales  por parte de instancias técnicas independientes que se enlazan con las ejecutoras a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación. En los años recientes la Universidad de Xalapa (UX) y el Instituto de Administración Pública (IAP) han desempeñado esta función. Pero en otra ocasión hablaremos de este proceso. Por ahora solo queríamos indicar que las Aportaciones Federales, contra todo pronóstico, retomaron su senda de crecimiento después de la pandemia.

*Economista (UV) y Doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM)