El optimismo se apoderó de los encargados de la economía mexicana. Y no carecen de razones: la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2021 fue revisado al alza por los principales agentes del entorno público y privado. La Secretaría de Hacienda prevé un crecimiento de 5.3 por ciento para este año en lugar del 4.6 por ciento estimado en el paquete económico entregado al Congreso a finales de 2020.

Estas renovadas esperanzas se basan, sobre todo, en la elusión de la temida tercera ola de la pandemia y el éxito de la campaña de vacunación, dos factores que estarían sentando las bases para agilizar la reapertura de las actividades económicas en el corto plazo. Igualmente, la recuperación de nuestro principal socio comercial, la solidez de los ingresos tributarios y la recuperación de los precios del petróleo (que alcanzará los 55 dólares por barril), entre otros factores, sumarían puntos en la misma dirección.

El pelo en la sopa es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que durante marzo y abril se situó por encima del nivel de inflación establecido como meta por el Banco de México. Pero se confía que a finales de año los precios retornen a un nivel aceptable y correspondiente con los objetivos gubernamentales.

Incluso se espera que el entorno económico favorable en 2021 permita reforzar la estrategia de saneamiento y recuperación de Petróleos Mexicanos a través de la reducción de su carga fiscal y de deuda, así como mediante el incremento de los apoyos dirigidos a su capitalización. En cuanto a la deuda, se pronostica su paulatina reducción y retorno a los niveles anteriores a la pandemia, de tal forma que al cierre del 2022 representaría 51.1 por ciento del PIB, manteniéndose en una trayectoria descendente en los siguientes años. Finalmente, se proyecta un incremento de 7 por ciento en los ingresos tributarios, de 5.6 en los ingresos totales y un aumento de 3.7 por ciento en el gasto público respecto del año pasado.

No es infundado el optimismo y cumple un cierto papel en la difícil coyuntura actual en que prevalecen las tendencias a la disgregación del cuerpo social y político de la nación. Pero debemos llamar la atención sobre algunos aspectos que obligarían a moderarlo. En primer lugar, la recuperación es más lenta de lo esperado y muy desigual en las distintas regiones y sectores de la economía. En el caso de Veracruz, el indicador de la actividad económica estatal señala un crecimiento de 3.3 por ciento en el último trimestre de 2020 con respecto del anterior, pero una caída de 6.3 por ciento con respecto del mismo trimestre de 2019.

Más importante aún, las señales de recuperación en clave optimista tienden a reforzar la idea de una restauración automática de los equilibrios basada en factores de mercado, desestimando el recurso a una intervención estatal más profunda y eficaz. Esta idea, que forma parte de la ortodoxia económica, aplaza la necesidad de un giro estructural de la economía mexicana en el sentido prometido por la Cuarta Transformación.

En esa dirección, la habilidad de la Secretaria de Hacienda para evitar que la nave se vaya a pique es incuestionable, pero no se prometió sólo mantener a flote el barco sino un auténtico cambio de rumbo. La Cuarta Transformación nos debe esto: una ruta de largo plazo para desmontar las inercias heredadas que traban el crecimiento del PIB, la creación de empleos y el aumento sostenido de los salarios, además de una reforma fiscal a fondo que incremente los ingresos tributarios y una política de deuda que libere los recurso necesarios para el desarrollo.  Esperemos que en la segunda parte del sexenio se sienten las bases de esta nueva orientación y los diputados de la LXV Legislatura hagan las reformas necesarias al respecto.

*Economista, latinoamericanista y asesor parlamentario