El día de ayer por fin se dio en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la discusión y votación de la Iniciativa Preferente de Reforma Constitucional que en materia de energía Eléctrica presentó el Presidente de la República con el resultado adverso para AMLO y su régimen de la 4T, que como “crónica de una muerte anunciada” se venía “cocinando” desde que fue presentada hace aproximadamente 4 meses.

En el marco del Proceso legislativo, desde su revisión en Comisiones y en los Foros Públicos que tuvieron desarrollo convocados por la Cámara para su análisis, la oposición conformada por los Grupos Legislativos del PAN, PRI, PRD y buena parte del MC, demostraron que la Alianza “Va por México” no solo conforman un bloque para oponerse en periodo de elecciones, es decir una Alianza Electoral, sino que conforman una verdadera Alianza Legislativa que, de mantenerse unida, bien podría constituir un auténtico Gobierno de Coalición que, a partir de 2024 pueda realmente transformar al país, llevándolo de un Sistema semipresidencial o Presidencialista y autoritario, a uno Semiparlamentario o parlamentario que, en principio, rescate una a una las Instituciones Nacionales y las Políticas Públicas que la actual Administración de la 4T ha venido menospreciado, eliminado o cooptando para desgracia de la Nación.

Al respecto es de analizar que el día de ayer no existió en momento alguno un verdadero debate, serio, propositivo, constructivo y enriquecedor pues salvo la valiosa intervención del Dip. Ildefonso Guajardo Villarreal, ex Secretario de Economía y coordinador por parte de nuestro país de la Comisión que negoció el TEMEX, quien claramente expuso  cada uno de los artículos del Tratado que habrían sido violados de aprobarse la Reforma y, finalmente de aplicarse en contra de las inversiones extranjeras protegidas por este, las consecuencias negativas para el Estado Mexicano, que habrían sido multimillonarias en dólares de haber llegado a la mediación en los páneles internacionales, donde seguramente México habría perdido las controversias que se presentaran, así como la pérdida de competitividad del país que no solo afectaría los precios de la energía sino la entrada de nuestros productos a los mercados estadounidenses, canadienses y europeos; todos los demás oradores tanto de la alianza “Va por México” como los de “Juntos haremos historia”, se la pasaron intercambiando insultos y acusaciones mutuas de Traición a la Patria, así como de haber recibido “moches” para votar en uno u otro sentido, al grito de “no pasará” de unos y de “traidores a la patria” de los otros.

La pregunta que surge con relación al bochornoso espectáculo del que ayer fuimos testigos es si valió la pena todo este show para la nación y en ese sentido es de analizar que una vez que la SCJN, o que al menos 4 de sus Ministros avalaron la “Constitucionalidad” de la Ley Eléctrica, bien pudieron AMLO y su cómplice Bartlet,  continuar por esa ruta de ilegalidad y de sometimiento de la Corte para aplicar todo el peso de esta Ley inconstitucional a las empresas que tanto daño dicen que le están haciendo al país “saqueando nuestros recursos” por lo que, al parecer era innecesario insistir en una Reforma que sabían de antemano que no iba a pasar, aunque, viéndolo en otro contexto, el eminentemente político, a AMLO y su 4T les convenia generar todo este show mediáico, populista y propagandístico para recuperar su narrativa de “defensa de la nación” que, con el desinterés de la gran mayoría de los ciudadanos en la Consulta de Revocación de Mandato,  quedó de manifiesto que había perdido vigencia y ya no emocionaba siquiera a sus electores de 2018 y por lo tanto tenían que reciclar la narrativa, a ver si con esta podían despertar a sus huestes, antes cautivas, esas a las que ya ni con los programas asistencialistas han podido retener.

El tema del Litio, por su parte, se inscribe en ese mismo contexto pues por igual resulta innecesario legislar para hacerlo “propiedad de la nación”, toda vez que la Constitución desde su promulgación en 1917 consigna en su artículo 27 la propiedad nacional de todo lo contenido en el suelo y el subsuelo de tierras y aguas nacionales, además de que: “Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo”; de tal forma que si las empresas extranjeras no estuvieran cumpliendo los contratos que hubieran signado para su operación en México o si estos contratos estuvieran contraviniendo el texto Constitucional, el fundamento para hacerlas cumplir o sacarlas del país está contenido en nuestra Carta Magna y, por lo tanto, una Ley que lo establezca y reafirme sería innecesaria, ociosa y recurrente, por lo que al caso podría aplicarse el viejo adagio que dice : “por qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo”, así las cosas, en mi opinión, insisto, solo se trata de propaganda para retomar la narrativa manipuladora de conciencias de que: “a nombre del Pueblo, estamos defendiendo a la Nación”.