Siempre hemos sabido que el Poder Judicial tiene la facultad de solicitar el auxilio de la Fuerza Pública para hacer valer sus resoluciones y que en el marco de nuestro Sistema Republicano, federalista y de División de Poderes, tan Jefe es el Titular del Ejecutivo como el del Legislativo y el Judicial por lo que en estricto sentido los tres poderes que conforman el Poder Supremo del Estado Mexicano están al mismo nivel y por lo tanto merecerían la misma obediencia por parte de las fuerzas de seguridad Pública que son las policías civiles, así como las de Seguridad Nacional que son las fuerzas armadas.

Sin embargo, la característica de Presidencialista y Centralista del propio Sistema que hemos construido, aunado a  la costumbre hayan llevado a la confusión de que es el presidente el que “más puede mandar” y esto lo coloca, en los hechos, que no en derecho, en una posición de superioridad frente a todos los órganos del Estado y en consecuencia fuera del alcance de las determinaciones, sentencias, resoluciones o mandatos de la Corte; cosa totalmente fuera de la realidad pues todos los cargos, incluyendo el de Presidente de la República se juramentan en el ámbito de la Constitución, y se inician con la promesa de ”guardar y hacer guardar” La Constituciòn General de la República y las Leyes que de ella emanan. De ahí que todos los ciudadanos, incluido el presidente estamos obligados a respetar y obedecer los mandatos que la Corte emite a través de sus sentencias.

Pero ¡qué pasa cuando el titular del Ejecutivo se niega a acatar una resolución judicial escudado en la inmunidad que le proporciona el Fuero Constitucional y la supuesta supremacía presidencial ?

En principio lo pertinente es hacerle saber que una resolución del máximo tribunal constitucional no tiene forma de recurrirse ante una instancia superior pues es precisamente la SCJN esa instancia superior a la que debe someterse toda la ciudadanía, inclusive el presidente, luego, de caer en desacato, iniciarle un Juicio Político o Juicio de Procedencia, como también se le conoce, que le retire el fuero para que pueda ser sometido a la jurisdicción de la propia Corte y, en última instancia, llamar a la Fuerza Pública para obligarlo a obedecer e imponerle arresto, mismo que solo la fuerza p’úblioca podría cumplimentar.

Y ¿qué pasa en la realidad?, pues que la errónea configuración del aparato del estado preserva la costumbre de encuadrar a la fuerza pública, civil y militar, en el ámbito del Poder Ejecutivo por lo que, como antes decíamos, solo sienten la obligación de respetar y obedecer al presidente y a nadie más y eso hace imposible la imposición de sanciones al Ejecutivo por parte de la Corte que lo obliguen a obedecer sus mandatos, y es por todo ello que podemos ver al presidente enfrentando al Poder Judicial, descalificándolo y argumentando absurdamente que no puede acatar resoluciones que se dan al margen del derecho y fuera de los deseos del “pueblo” que paradójicamente es él mismo. Y NO SEÑOR. RESIDENTE: la SCJN no toma sus decisiones con base en criterios políticos o en “politiquería” como usted, en su supina ignorancia se atreve a decir, sino estrictamente basados en el texto Constitucional, ya sea interpretando el sentido de las disposiciones de la propia Carta Magna o acatando concretamente sus preceptos cuando estos son tan claros que no requieren de interpretación sino de su literal aplicación y cumplimiento, tal como es en el caso del 21 Constitucional que expresamente dice que el mando de la Guardia Nacional debe ser de carácter civil y no militar.

Es por ello que, en este país del “nunca ha sucedido algo así”, ahora que está sucediendo, es de la mayor relevancia revisar y reformar, de ser necesario, nuestro Sistema de División de Poderes y su carácter presidencialista, dándole “dientes“ a la Corte y que pueda hacer efectiva su función de ser un eficiente contrapeso de los otros poderes, dándole, quizá, autonomía a las policías y fuerzas armadas para que ya no dependan únicamente de la voluntad del Ejecutivo, sino que reconozcan también a los otros poderes y a nosotros, los ciudadanos, como lo que realmente somos: sus auténticos y legítimos jefes, pudiendo auxiliar así a la Corte para que imponga sus sentencias, aun las emitidas contra decretos del propio presidente, además de cursos intensivos de Derecho Constitucional, para que paulatinamente vayan asimilando que las resoluciones judiciales deben acatarse y así la división de poderes deje de ser “letra muerta” para el Titular del Ejecutivo.